La Comunidad no ha construido ninguna vivienda de protección oficial (VPO) desde hace siete años. Según las estimaciones de la Consejería de Fomento, las últimas que se han ejecutado corresponden a una promoción de cinco casas en régimen de alquiler en Ojós en 2017. En este momento hay en proyecto unas 500 destinadas a alquiler asequible. Ante las dificultades que origina la falta de suelo para poner en marcha nuevas promociones, el Ejecutivo anuncia una reforma de la Ley del Suelo con la que pretende agilizar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los municipios que están pendientes de la revisión.
El titular de Fomento, José Manuel Pancorbo, que esta semana se ha reunido en Madrid con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que la fórmula del alquiler no acaba de responder a las demandas de los jóvenes murcianos, que considera más partidarios de tener «una casa en propiedad». Sin embargo, sostiene que la Consejería no dispone de financiación para costear la construcción.
«Para ampliar el parque de VPO hace falta tener fondos, pero no tenemos dinero. Si dedicara 50 millones a vivienda, tendría que quitarlos de algún otro sitio. ¿Se lo quito a la sanidad o la educación o no arreglamos las carreteras?», se pregunta el consejero, que ve pocas posibilidades de desarrollar promociones para el arrendamiento en muchos municipios.
Recuerda que cada una de las cinco viviendas construidas en Ojós en 2017 tenían una valoración de 59.729,11 euros. Por eso ha demandado a la ministra fondos estatales que permitan ampliar el parque de viviendas públicas.
La patronal de la construcción Frecom recordaba en su último informe sobre la situación del sector que la Región necesitaría 10.000 casas nuevas al año, de acuerdo con los cálculos del CES, mientras que el INE prevé la creación de unos 8.000 hogares anuales.
Pancorbo asegura que los promotores tampoco pueden costear los proyectos con sus propios recursos, por lo que propone que se permita a las empresas acogerse también a los créditos del ICO para poder financiarlas.
Apunta que una promoción de viviendas puede llegar a necesitar una inversión de «millones de euros», que los empresarios no pueden asumir.
«Tiene que colaborar todo el mundo», asegura, incluyendo a las tres administraciones públicas y a los promotores, de los que dice que «tienen que asumir el riesgo».
El consejero de Fomento culpa al retraso en la tramitación del Plan General de Ordenación en un elevado número de municipios de la falta de suelo para promociones asequibles.
El CES presentó en febrero un informe en el que decía que sólo hay dos municipios cuyo planeamiento general ha sido aprobado en los últimos diez años: Águilas (2022) y Cehegín (2020). Mientras tanto, hay otros 17 con planes generales que tienen más de 25 años. En una docena de localidades el PGOU supera los 30 años.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo una modificación de la Ley del Suelo con la que pretende agilizar las modificaciones del planeamiento para evitar que la tramitación se eternice y acabe devolviendo el plan urbanístico a la casilla de salida, tal y como ha venido ocurriendo cuando caducaba la evaluación de impacto ambiental antes de que la revisión hubiera terminado su periplo administrativo.
Pancorbo se muestra escéptico y señala que la reforma anunciada «aún no está en vigor. La van a empezar a tramitar ahora en el Congreso», asegura.
Apunta que «aprobar hoy un PGOU es una carrera de obstáculos casi insalvables. El planeamiento de la Región atraviesa una grave crisis», concluye. Se queja de que «los plazos son infernales» y de que «no puedes determinar a 20 o 25 años vista cómo regular el suelo», porque eso origina graves problemas con el paso del tiempo.
Anuncia la elaboración de una nueva Ley de Suelo por parte de la Vicepresidencia que tiene las competencias en Ordenación del Territorio «bajo las premisas de agilizar el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos y agilizar la adaptación de la planificación a las nuevas exigencias sociales».
Fomento considera que «la excesiva rigidez de los planes, su determinismo normativo de querer regularlo todo en origen, la complejidad de su contenido y su interminable tramitación hacen de los planes herramientas difíciles de abordar y más aún de llegar a buen fin».
Igualmente, señala lo «complejo que es modificar puntualmente un Plan para poder adaptarlo a la realidad cambiante, a las nuevas necesidades o demandas de la sociedad. Del mismo modo los planes parciales, aunque no son tan inabarcables como en el caso del planeamiento general, tampoco resultan herramientas ágiles a la hora de aprobar o modificar».
El consejero defiende que la reforma pretende incluir en la ley de simplificación administrativa una serie de medidas para contribuir a la dinamización del sector de la vivienda. Una de sus novedades será «la creación de las entidades colaboradoras de certificación urbanística, medidas de simplificación en la tramitación del Plan General, la creación de una Comisión de Coordinación Urbanística y de nuevos títulos habilitantes, tales como la licencia básica y la licencia de ejecución o la habilitación para la construcción de viviendas dotacionales».
Fuente: La Opinión de Murcia. María José Gil
La Comunidad de Murcia no ha hecho ninguna vivienda protegida en siete años
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